El gobierno israelí ha iniciado un nuevo paso hacia la privatización de los servicios del Estado. Esta vez ha atacado un ámbito considerado tabú: el de los archivos públicos, el último testigo de la historia de Israel.
El Consejo de Ministros ha aprobado la proposición presentada por el Primer Ministro para privatizar la gestión de los Archivos Nacionales. A pesar de la numerosa oposición a la propuesta, los Archivos Nacionales serán trasladados a una nueva sede que se construirá en Arad y que será gestionada por una empresa privada.
Hasta ahora, los Archivos Nacionales tenían su sede en Jerusalén, estaban gestionados por funcionarios del Estado y bajo la tutela de la Presidencia del Consejo.
La decisión de privatizar los archivos nacionales pretende cumplir cuatro objetivos: 1) mantener los archivos en un entorno favorable; (2) emprender a gran escala de la digitalización de documentos originales; (3) hacer más accesible los documentos oficiales que no están protegidos por la ley; (4) implementar motores modernos de búsqueda para facilitar la consulta de documentos.
¿Por supuesto, los objetivos del Gobierno son loables, pero deben pasar necesariamente por la privatización?
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