En los papeles de los presidentes.

Nicolás Sarkozy ha remitido oficialmente al Estado "sus papeles", al igual que han hecho sus consejeros: 890 metros lineales, 2.700 cajas, 4 teras de documentos electrónicos.

Aunque hayan embarcado con él los documentos más sensibles o su correspondencia privada, "la inmensa mayoría está aquí" afirma Évelyne Van den Neste, actualmente encargada en el Elíseo de gestionar y valorar estos documentos antes de que sean transferidos a los Archivos Nacionales, en Pierrefitte-sur-Seine.

Con frecuencia, las cajas tardan años en ser transferidas: los políticos y sus consejeros opinan que estos originales podrían protegerles en caso de litigio.

Cada papel es analizado y se eliminan los duplicados, así que pasarán varios años entre el traspaso de poderes y el inventario final de los archivos de Sarkozy. Se ha finalizado el trabajo con los archivos de Valéry Giscard d'Estaing y los documentos de François Mitterrand se están clasificando.

La ley castiga con tres años de prisión y 45.000 euros de multa a aquellos que deliberadamente destruyan o desvíen los documentos públicos. Un archivero está presente en cada ministerio para garantizar, entre otras cosas, la transferencia de expedientes.

Una Ley de 2008 rige el acceso público a los archivos. En principio, aquello que revele la vida privada, esté clasificado como "secreto" o afecte a la seguridad nacional, no estará disponible durante 50 años. Las deliberaciones del gobierno permanecen secretas durante 25 años y lo que afecta a la vida sexual está clasificado durante 100 años. Historiadores o estudiantes pueden reclamar acceso a los documentos y será entonces cuando el presidente o su representante respondan favorablemente o en contra. Nicolás Sarkozy ya ha dicho que se hará cargo de sí mismo de esta tarea.

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Justicia estudia dar acceso a los archivos a las víctimas de robo de bebés.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha prometido hoy en el Senado “soluciones realistas” teniendo en cuenta las “limitaciones presupuestarias” para los casos de niños robados.

Gallardón ha informado de que había encargado a la Agencia de Protección de Datos un “informe técnico” para analizar las posibilidades de acceso a los archivos, una de las principales reivindicaciones de los afectados, a los que la ley de protección de datos impide muchas veces el acceso a información que podría ser vital en sus búsquedas.

“Nos hacemos responsables porque, al margen de cuándo se produjeran los hechos y cuál fuera la Administración que gobernara, el Estado no puede dejar como un asunto privado a personas que han sufrido un drama de esta gravedad”.

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Empresas: secretos del pasado.

A finales de septiembre, la familia Quandt, propietaria de BMW, publicó el trabajo de un historiador independiente que sacó a la luz el pasado nazi de Günther Quandt, que explotó, a veces hasta la muerte, a más de 50.000 trabajadores forzados a fabricar armas.

También la casa alemana Hugo Boss ha reconocido que su fundador, Hugo Ferdinand Boss, apoyó a Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial para intentar salvaguardar su empresa. El jefe de la marca de ropa no sólo fue un ferviente nazi, sino que durante la Segunda Guerra Mundial mantuvo esclavizados en su fábrica de Metzingen a 180 prisioneros de guerra.

Este afán de transparencia de las empresas alemanas no es común al resto de países europeos...

En Francia, la historia de las empresas durante la ocupación es un tema tabú. Las sociedades privadas no están obligadas a hacer accesibles sus archivos. Sólo algunos documentos, como las actas de los consejos de administración o los estatutos de la empresa, deben ser conservados. Los expedientes personales son destruidos 90 años después del nacimiento de los interesados.

¿Las puertas de los archivos de empresa están cerca de la apertura? Algunas empresas dicen temer de intentos de espionaje industrial y son reacios a abrir sus archivos a extranjeros, incluidos los estudiantes chinos.
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Posible apertura de los Archivos de la Policía de Seguridad de Suecia.

Las autoridades suecas han estado bloqueando el trabajo de investigación de la catedrática de historia Birgitta Almgren, que investiga las actividades de los servicios secretos de Alemania del Este en Suecia. Al parecer, Almgren ha contravenido en sus estudios una cláusula de confidencialidad.

El suceso ha levantado una corriente de opinión que exige el libre acceso a los archivos históricos.

La ministra de Justicia de Suecia, Beatrice Ask, ha indicado que está dispuesta a discutir la apertura del servicio de seguridad sueco (Säpo) en respuesta a los llamamientos para mayor transparencia sobre los archivos clasificados de la Stasi.

"Puedo concluir que todos parecen estar de acuerdo en la importancia de la transparencia y una presentación justa de la historia, pero también hay otros intereses dignos de protección que deben ser considerados - tanto en términos de protección de la intimidad como de la protección de las operaciones del servicio de seguridad" sostuvo Ask.

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80 millones de imágenes sobre el holocausto en los Archivos de Bélgica.

En 2009, los Archivos Nacionales de Bélgica, en Bruselas, recibieron una copia digitalizada de los archivos del Holocausto, conservados en Bad Arolsen (Alemania).

Más de 80 millones de imágenes son accesibles bajo demanda a los investigadores, a las víctimas de las persecuciones o a sus familias en la sala de lectura de los Archivos.

Junto con Alemania, Bélgica es el único país de Europa en poner a disposición, bajo ciertas condiciones, una copia digital de los archivos del International Tracing Service (ITS).

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Los niños robados exigen acceder a los archivos de todos los hospitales.

El nuevo abogado de los afectados por los casos de niños robados ha exigido en Valencia a todos los hospitales públicos y privados de España que abran sus archivos. El objetivo de esta medida es esclarecer todos los supuestos delitos que se realizaron décadas atrás.

David Serra, de Legaltic Abogados, explicó que se están encontrando con graves incovenientes para acceder a la documentación necesaria que requieren. Los hospitales están exigiendo a las posibles víctimas órdenes judiciales para acceder a las pruebas que les permitirían esclarecer la verdad. La exigencia de los abogados, que representan actualmente a más de 1.800 personas en toda España, es que se les permita investigar.

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Argentina permite que los periodistas accedan a causas archivadas.

La Corte Suprema de Justicia de Argentina modificará el Reglamento del Archivo General del Poder Judicial para permitir que los periodistas accedan a causas archivadas cuya revelación pueda ser de interés público.

Según el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), antes de este cambio los reporteros tenían que seguir unos trámites complicados y largos para poder consultar las causas. En concreto había que mandar una nota al juez encargado de cada proceso pidiendo permiso para consultar los documentos, esperar a que este diera la autorización correspondiente y posteriormente acceder al archivo y buscar las causas.

Según la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se podrá acceder a dichos expedientes acreditando la condición de periodista ante la dirección de prensa del Máximo Tribunal.

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Principios de Acceso a los Archivos.

A lo largo del último año, un grupo de trabajo del ICA ha desarrollado un conjunto de principios de Acceso a los Archivos, que puedan ser aplicados a pesar de las diferencias culturales, lingüísticas o de contextos políticos.
El objetivo es que la versión final del texto sea aprobada en agosto de 2012.

Todos los miembros del ICA están invitados a expresar sus opiniones a través del correo: access@ica.org.

La versión actual del texto está disponible en inglés y francés (próximamente también en portugués).

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"Nuestros hijos y hermanos robados están en los archivos. Que se abran".
Mar Soriano, coordinadora de la Plataforma de Afectados por el Robo de niños en Clínicas de toda España, ha solicitado al Ministerio de Justicia ayuda para acceder a los libros de registro, donde cree se encuentran las pistas más importantes para encontrar a los familiares que buscan. Se trata de demostrar cómo esos bebés, apuntados como fallecidos en los registros de defunciones, eran inmediatamente inscritos como nacidos con otros padres y otra identidad.

El fiscal Ángel Núñez, nombrado por el ministro Francisco Caamaño como coordinador con las asociaciones de afectados, se ha comprometido a remover los obstáculos para que puedan acceder a esos datos.
"Es muy importante que las familias reúnan documentos antes de denunciar su caso. El primero, la partida literal de defunción [del bebé supuestamente robado], que pueden pedir online al Ministerio de Justicia, para ver cuál es la causa de muerte. Si esa causa es absurda, por ejemplo, una otitis, ya tienen un primer indicio. El segundo paso es pedir información al hospital por escrito para ver si la causa y la fecha de la muerte coinciden con la de la partida de defunción".
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El Senado quiere blindar a México de un posible WikiLeaks.
El Senado prepara cambios a la minuta de la Ley Federal de Archivos, que recibió de diputados en 2009. La ley prevé sanciones para empleados que les den otro uso a los archivos a su cuidado, a fin de evitar un caso como el de WikiLeaks.
Los legisladores también buscan dotar de autonomía al Archivo General de la Nación, que actualmente depende de la Secretaría de Gobernación.
Para fortalecer el nuevo ordenamiento, como el aprovechamiento público de la información, los senadores consideran que “no es suficiente que una de las tareas del archivo hlstórico sea divulgar la memoria documental institucional, sino que es necesario que quede establecido en ley que los documentos que obran en esos archivos son de naturaleza pública”.
Se establece que el hecho de que los archivos históricos adquieran una naturaleza pública de oficio, permitirá el acceso sistemático a información que aporta precisión y certeza sobre datos del quehacer gubernamental, lo cual abonará a la rendición de cuentas y transparencia de la gestión pública.
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Reclaman a Cultura que se hagan públicos los documentos robados de Alcalá-Zamora.
Los profesores que toman parte en Priego de Córdoba en el VI Congreso sobre Republicanismo, encabezados por el profesor Gabriele Ranzato de la Universidad italiana de Pisa, han reclamado al Ministerio de Cultura información sobre los documentos que fueron robados al que fuese Presidente de la República Española.
Esta reclamación se plasmará en un manifiesto, en el que se solicitará información sobre el estado de los documentos, o el motivo por el que aún no se han hecho públicos, siendo una petición unánime, en la que se reclama la salida a la luz de los mismos, “para evitar bulos y hacer justicia”, en el menor tiempo posible, como han señalado los responsables del congreso.
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El sumario del 23-F sigue siendo secreto treinta años después.
Del golpe de Estado del 23-F, del que hoy se cumplen 30 años, se han escrito miles de artículos y decenas de libros, se ha rodado una serie televisiva y una película para la gran pantalla, y se ha debatido hasta la saciedad. Sin embargo, la documentación que puede aportar nuevos datos a lo ya conocido sigue siendo secreta y su acceso está vetado a historiadores y particulares.
Solo el Consejo de Ministros y la Junta de Jefes de Estado Mayor tienen potestad para declarar un documento como tal para proteger aquella información que puede afectar a la seguridad del Estado.
Solo ahora, treinta años después de la asonada, la Mesa del Congreso ha “desclasificado” distintos documentos elaborados por los servicios de intendencia de la Cámara, el comisario responsable de la seguridad del recinto o el acta de lo ocurrido que levantaron los cuatro secretarios de la Cámara en aquel momento.
El acceso al sumario del golpe, por el contrario, sigue estando vetado por el Tribunal Supremo, y ninguno de los historiadores y periodistas que han pretendido su consulta lo han logrado.
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Consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública

Access Info Europe lanza una consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, después de recibir una copia filtrada de dicho anteproyecto de ley. Las respuestas serán enviadas al Gobierno.

Access Info Europe junto a otras 40 ONGs miembros de la Coalición Pro Acceso han reclamado mayor transparencia sobre dicho anteproyecto de ley. Hasta el día de hoy no se ha recibido respuesta a la carta enviada al Gobierno el 20 de agosto requiriendo una copia del borrador y reclamando una consulta pública sobre el anteproyecto.

Se invita a la ciudadanía a aportar sus opiniones sobre el borrador.

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Yad Vashem tendrá acceso a los archivos de Polonia.
El museo israelí consagrado a las víctimas del holocausto, Yad Vashem, ha concluido un acuerdo con Polonia para acceder a los documentos que sobre la II Guerra Mundial se custodian en las 34 provincias del país.
Se trata de un verdadero "paso adelante" que va a permitir a investigadores de Israel consultar los documentos de Polonia referentes a la ocupación y los judíos en los ghettos.
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Las pruebas de los crímenes de Franco.
Se abrieron al público hace más de una década, pero víctimas del franquismo e investigadores han denunciado que siguen existiendo dificultades a la hora de acceder a ellos. Unas críticas que no han sentado nada bien a los trabajadores del Archivo General Militar de Madrid. El depósito, que recoge millones de documentos de la dictadura, abrió al público hace algo más de un año.
"Desde entonces, han llegado un millar de investigadores unos seis al día, a quienes se les han facilitado unos 10 o 15 expedientes cada jornada", destaca orgulloso el director técnico del archivo, Rogelio Pacheco. El 80% de los documentos que les fueron requeridos " han estado a disposición de los investigadores de forma inmediata".
En un 15% de los casos, los investigadores salen con las manos vacías. Esto se debe a que "no existe un reflejo documental de las personas a las que se refieren los solicitantes", explica Pacheco. Se refiere a los numerosos crímenes ocultos del régimen de Franco.
Hay un 5% de las solicitudes que son denegadas. Se rechazan las peticiones que incumplen los plazos de la Ley Patrimonio Histórico de 1985, que prohíbe la consulta de los documentos hasta 25 años después de la defunción del represaliado o hasta los 50 del final del procedimiento. Otras muchas se deniegan porque los expedientes se encuentran en mal estado.

Uno de los principales objetivos es la consolidación de una base de datos con los nombres de todas las personas cuyos expedientes están archivados en el depósito madrileño. "De momento, hemos conseguido almacenar 250.000", resalta Rogelio Pacheco. Para localizar el resto de nombres, los técnicos deben realizar una búsqueda manual en los cientos de archivadores que ocupan una de las salas del edificio.
Los 10.000 expedientes correspondientes a la provincia de Castellón ya han sido incluidos en la base de datos y las 750.000 referencias documentales que los componían también han pasado un proceso de digitalización.
A falta de una orden específica de Defensa, la consulta de los históricos documentos es gratuita. Los datos de Castellón ya pueden reproducirse a través de un ordenador. Y, para hacerse con copias del resto, se permite a los investigadores hacer fotografías o, en los mejores casos, realizar fotocopias. "Todo depende del estado de conservación de los escritos", insiste Pacheco.
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La Asociación de Archiveros Valencianos pide una ley de acceso a los documentos públicos.
La Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos Valencianos (AAV) solicitó este jueves una ley reguladora del acceso a la documentación pública en la línea de las recomendaciones dictadas por el Consejo de Europa en 2009, que instan a legislar sobre los cauces democráticos para llegar a los archivos públicos.
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Varios archivos militares siguen vedados a la memoria histórica.
"El acceso eficiente a todos los archivos históricos podría facilitar el camino hacia la verdad sobre lo que les ocurrió a muchas de las víctimas del franquismo", asegura la historiadora Mirta Núñez. Entre los cientos de miles de ficheros que se conservan desde la dictadura, hay documentos que se refieren a procesos de guerra. De ellos emanaron numerosas sentencias de muerte contra quienes hicieron frente al régimen fascista.
Los especialistas denuncian que el principal problema es la "desorganización" de muchos centros archivísticos del país. Solucionarlo es, a juicio de Núñez, "uno de los retos de la Ley de Memoria Histórica" aprobada por el Gobierno en 2007.

"No hay uniformidad en los accesos, ni se sigue un mismo criterio de búsqueda en los diferentes archivos históricos militares españoles", lamenta Santiago Macías, uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. El historiador Francisco Espinosa incide en esta misma idea. Él afirma que "en A Coruña, Catalunya o Sevilla los archivos son accesibles". No así en Madrid, "donde se ha incorporado una ingente cantidad de documentos procedentes de los bancos de datos de la Comunitat Valenciana y Murcia".

El diario Público ha consultado con fuentes del Ministerio de Defensa, que se limitaron a explicar que "todos los archivos militares son de acceso público". Asimismo, desde el departamento que dirige Carme Chacón se mostraron "extrañados" por las quejas de las asociaciones de la memoria y de los historiadores especialistas en la dictadura.
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Secretos profundos y superficiales.
Pablo Salvador, catedrático de Derecho Civil en la Universidad Pompeu Fabra, escribe en El País un artículo de opición sobre el derecho de acceso:
La primera tarea de una democracia es delimitar lo más estrictamente posible los secretos profundos del poder, como los relativos a la defensa y seguridad nacionales. Y lo deseable es que los más de los inevitables secretos sean superficiales, casi nunca profundos.
En el ámbito prosaico y cotidiano de los archivos y registros de las administraciones públicas, el buen principio normativo debería ser muy exigente con las burocracias: habría de imponer la transparencia como punto de partida, articularla con una ley que facultara a los ciudadanos para acceder a los archivos y registros oficiales sin ofrecer explicación alguna y que obligara a los guardianes de la información a suministrarla en un término razonable. Finalmente, un catálogo cerrado de excepciones tasadas limitaría el derecho de acceso a la información.
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Franco deja de ser un secreto.
35 años después de la muerte del dictador, las copias de sus documentos son de acceso libre en el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca.
Tras la ayuda de 150.841,22 euros concedida por el Ministerio de Cultura entre 2000 y 2003 para digitalizar los papeles, la Fundación Francisco Franco entregó a cambio una copia en el Ministerio de Cultura, que se guardó en una caja fuerte. Los documentos quedaron innacesibles, como hasta entonces.
En octubre de 2009 el Centro Documental de la Memoria Histórica recibió los rollos de microfilme. Son copias de 27.490 documentos (más de 100.000 páginas) pertenecientes a la Fundación Francisco Franco, que ha custodiado los originales con hermetismo y sin las garantías de acceso de un archivo público.
Desde la muerte del dictador, los papeles habían permanecido hasta los años ochenta en casa de su viuda, Carmen Polo. Fue ella quien invitó al historiador medievalista Luis Suárez Fernández a examinarlos. Otros investigadores, como Paul Preston, autor de una celebrada biografía sobre Franco, no tuvieron acceso al material de la fundación, que abarca desde 1938 a 1976.
Los papeles de Franco ya están en un archivo público y cualquiera puede consultarlos.
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Archiveros y gestores piden que los diputados valencianos tengan acceso libre a los contratos de la Generalitat.
El colectivo de Archiveros y Gestores de Documentos Valencianos indicó en un comunicado que la actual práctica de acceso a los fondos a través de la Conselleria o del departamento implicado "puede restringir la transparencia" en la consulta de expedientes, pues "abre la posibilidad de que los diputados reciban extractos y no la copia íntegra del original solicitado, dando lugar a controversias y diferentes interpretaciones.
Frente a dicha práctica, la Asociación de Archiveros y Gestores propone la publicación periódica de la relación de ficheros y su exposición pública para que puedan ser consultados íntegramente, "cumpliendo su cometido de fuente de transparencia y garantía democrática en el ejercicio de la gestión pública".
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