El Gobierno central, por medio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha comunicado al Tribunal Constitucional la apertura de una negociación con la Junta de Andalucía para resolver las discrepancias causadas por la ley de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía.
Esta norma, que aprobó el Parlamento andaluz por unanimidad en octubre, amplía las posibilidades de acceso ciudadano a los documentos oficiales. Sin embargo, el Gobierno reniega de un artículo (9.2) en el que se consideran documentos de titularidad pública los de la Administración del Estado y sus sociedades, los de los órganos judiciales radicados en la comunidad, los de notarías y registros públicos y los de organismos europeos e internacionales.
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