60 organizaciones denuncian las carencias de la Ley de Transparencia.

Los expertos critican que no se considere un derecho fundamental el acceso a la información. El plazo de enmiendas a la norma finaliza el 25 de septiembre, aunque lo más probable es que se amplíe y que las asociaciones sean invitadas al Congreso para debatir las mejoras.

"El Gobierno analizará cada una de las enmiendas. Esta es una norma nueva, no se trata simplemente de una modificación. Por eso eso el espíritu de la tramitación ha sido la consulta", comenta el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón.

"No es que no queramos cambiar algunas cosas. Es que no podemos. Para que sea considerado un derecho fundamental tendríamos que cambiar la constitución. Lo fundamental es que sea un derecho y no un derecho fundamental".

"Soy absolutamente optimista", asegura Ayllón, "nosotros intentamos con esta ley que haya el mayor número de datos publicados por las administraciones proactivamente. Eso evitaría que el ciudadano tuviese que estar demandando todo el rato información".

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