El incendio del Ayuntamiento de León pone en cuestión la implantación y eficacia de los sistemas de seguridad en las administraciones. Cada día se generan infinidad de documentos que la ley obliga a custodiar.
Archivar esas «carpetas» con garantías de protección es una labor titánica que dirigen técnicos en archivística organizados por consejerías, en el caso de la Junta de Castilla y León, y con un servicio centralizado asentado en el Palacio del Licenciado Butrón, sede del Archivo General. Cada sede de la Administración acoge un servicio de archivo con un archivero encargado de «poner orden».
Toda la apuesta del personal del Palacio de Butrón pasa por el buen funcionamiento de la prevención. «Es fundamental que las medidas de prevención se integren en el diseño constructivo previo», explica Dolores Carnicer, al frente del Archivo General, al tiempo que recuerda que hay una profusa normativa que regula la custodia de los documentos.
La forma de trabajo en red, informatizada por completo, ha cambiado también el concepto de administración de documentos, archivos y datos. Lejos de las clasificadoras de cartón, la Junta despliega su particular sistema de seguridad sobre la ingente cantidad de documentos informatizados.
El Jefe de Servicio de Infraestructuras de la Consejería de Hacienda, Óscar García Arias, tiene clara la filosofía que rige su departamento. «Nosotros cumplimos a rajatabla la ISO 27001 y, por supuesto, la Ley de Protección de Datos Personales, y además nos adaptamos al Esquema Nacional de Seguridad».
La «famosa» ISO 27000 no deja nada sin atar. Los datos de la Junta son sometidos a cinco procesos antes de guardarse una copia en el centro de respaldo en un lugar «secreto».
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