El Gobierno de España ordenó a sus funcionarios destruir toda la documentación que pudiera ser utilizada por el régimen de Muamar Gadafi cuando Madrid tomó la decisión de abandonar la Embajada en Libia a primeros de marzo. Miles de papeles, entre ellos notas internas y telegramas, se pasaron por la trituradora y se quemaron en las instalaciones de la cancillería, en el barrio de Ben Ashour.
La decisión se tomó menos de tres meses después de que estallara el escándalo de Wikileaks con la publicación de miles de cables de las embajadas de Estados Unidos.
Las prisas impedían hacer mudanzas y por eso se decidió no dejar atrás nada de información en caso de que el régimen gadafista decidiera ocupar el edifico de la Embajada, que España tiene alquilado a un particular desde hace años.
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