La Ley de Registros Presidenciales exige que todos los documentos deben ser transferidos a los Archivos Nacionales inmediatamente después del final del mandato del presidente Bush. A partir de ese momento es el archivero quien tiene la responsabilidad de preservar y controlar el acceso a los registros de la Presidencia. Sin embargo, el Congreso quiere que algunos de los documentos, los que tratan sobre el polémico despido de nueve fiscales federales, permanezcan bajo la custodia del nuevo presidente, Barack Obama. "Demócratas del Congreso han estado luchando en los tribunales para obtener los documentos de la administración durante meses, y quieren asegurarse de que no desaparecen en los Archivos Nacionales". Habrá que ver qué decide el juez John Bates, encargado de resolver el problema.
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