El Estado reclama judicialmente los documentos de Yagüe. Maria Eugenia Yagüe custodia los documentos de su padre, el general franquista Juan Yagüe Blanco. Más de 20.000 documentos que fueran guardados en la residencia familiar de San Leonardo de Yagüe tal y como salieron de la Capitanía General de Burgos en el año 1952. Su existencia se conoció a raíz de un artículo en el Diario de Burgos. Los foros de historiadores comenzaron a disertar acerca de la necesidad de que los documentos fueran puestos a disposición de todos, puesto que tienen un valor incalculable para aclarar capítulos muy oscuros de la historia de España.
La Abogacía del Estado se personó en los tribunales para solicitar una resolución acerca de la titularidad pública o privada del fondo. La Brigada de Patrimonio intervino en el asunto y el juez que instruye la causa solicitó un peritaje, tarea que recayó sobre la Dirección del Archivo Provincial de Soria. Ahora compete a la Justicia decidir, con los informes y el peritaje en la mano, qué parte pertenece al Estado y qué parte es privada y por tanto pertenece a los herederos del general. Lo que sí parecen tener claro en el Ministerio es que toda la documentación emanada del ejercicio de las funciones de Yagüe al servicio de la administración pertenecen al Estado.
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1 comentario:
Pues ojalá tenga razón el Ministerio, pero al igual que dudé con los documentos de Alcalá-Zamora, de los que no se volvió a saber, aquí también pongo en duda que se puedan recuperar documentos que fueron del Estado.
La ley 16/1985 de 25 junio de Patrimonio Histórico Español, señala en su art. 28.3:
"Los bienes a que se refiere este artículo [los bienes muebles que forman parte del PHE] serán imprescriptibles. En ningún caso se aplicará a estos bienes lo dispuesto en el artículo 1.955 del Código Civil".
Cuando Yagüe se hizo con esos documentos, debía estar vigente la Ley de 13 de mayo de 1933 de Patrimonio Artístico Nacional, que no hace una reserva sobre la imprescriptibilidad de los bienes muebles que forman parte de PHE. Tan sólo señala en su art. 4:
"Una Ley especial regulará lo relativo a la riqueza bibliográfica y documental de España, quien quiera que sea su poseedor, siempre que no estén al cuidado del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos" [sic].
Recuerdo el caso de las escrituras originales relacionadas con Cervantes por las que pleiteó la Junta de Andalucía, y no hubo nada que hacer. Se aplicó el 1955 del CC en todas las instancias. La hija de Yagüe posee esos documentos de forma ininterrumpida desde hace más de seis años, así que salvo mejor opinión no hay nada que hacer.
Más claro: la Fundación Francisco Franco creo que posee documentos que fueron del Estado. Un gobierno de Aznar, no sólo no se incautó de los mismos, sino que le concedió diversas subvenciones para atender a su digitalización.
Según el art. 52.2 y 3 de la LPHE podrán obligar a los descendientes de Yagüe a permitir la investigación o a realizar un depósito temporal de los documentos en algún archivo o centro análogo en donde se puedan ser accesible a los investigadores, pero dudo que se pueda aplicar la reserva de imprescriptibilidad prevista en el 28.3 de la LPHE con efectos retroactivos, que la CE garantiza en su art. 9 la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
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