Un informe de la OSCE sobre el borrador de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno afirma que, "por desgracia, el proyecto no cumple con los principios y normas establecidas por los tribunales de derechos humanos o las organizaciones intergubernamentales como el Consejo de Europa para el Acceso a Documentos Oficiales".
Se destaca que "el artículo 2 del proyecto de ley permite el acceso a la información de algunos organismos públicos pero excluye a otros", y "establece claramente que estos los organismos deben proporcionar información relacionada sólo con sus actividades realizadas en el marco del derecho administrativo". "Esto podría interpretarse", puntualiza el experto que ha elaborado el informe, "como una limitación al derecho de acceso a la información pública", y recuerda que varios organismos supranacionales recomiendan aplicar este derecho a todos los poderes del Estado.
Se debe especialmente modificar el artículo 9, "que incluye una lista muy amplia y vaga de excepciones", de forma que éstas se eliminen "siguiendo el principio de máxima divulgación".
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