La necesidad de defender un país ante la amenaza de los ataques informáticos y garantizar las libertades de los ciudadanos entran en colisión en Estados Unidos al intentar acordarse una nueva ley en el Congreso para regular el ámbito de Internet.
La Ley de Protección e Intercambio de Inteligencia Cibernética (CISPA) permite que compañías privadas que operan en la red intercambien información sobre los usuarios con las agencias federales, bajo la justificación de un posible ataque informático.
El Gobierno, a cambio, también puede entregar datos significativos a las empresas para que puedan proteger sus sistemas.
Los opositores a la norma denuncian que no se garantiza suficientemente
la protección de datos personales ni la privacidad. Una de sus
principales preocupaciones estriba en la falta de concreción sobre qué
constituye una amenaza informática y la
falta de controles para asegurar que tanto las empresas como el Gobierno
no comparten y analizan los datos para fines distintos a los
establecidos en la CISPA.
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