Los 1.200 documentos inéditos de Niceto Alcalá-Zamora, que la Guardia Civil encontró en poder de un empresario valenciano, habían sido heredados por éste a la muerte de su padre. Cuando los agentes de la Unidad de Patrimonio Histórico de la Benemérita tuvieron conocimiento de la existencia de los documentos montaron un discreto dispositivo que permitió descubrir una reunión entre el empresario y un experto en documentos históricos que debía visar la autenticidad de los manuscritos. El comprador, según publican algunos medios, sería el escritor y periodista conservador César Vidal.
El empresario se había citado en un bar, cercano a la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, con el mediador en la compra y acudió al local con los documentos guardados en un maletín. Según las fuentes consultadas, expertos del Ministerio de Cultura, en una primera estimación, han confirmado el valor "extraordinario y original" de los escritos.
El hermano del empresario que heredó los manuscritos ha declarado que la familia desconocía que habían sido robados. Su padre estuvo en una checa de Barcelona y conservó los papeles cuidadosamente "guardados en unas fundas de plástico".
Hace unos ocho años, tras la muerte del padre en accidente de tráfico, el empresario valenciano encontró los documentos en una buhardilla. Poco después se trasladó al municipio de Burgo de Osma, donde abrió al público un hotel rural. En él se exponían algunos de los manuscritos, que ofreció a distintos clientes. De este modo descubrió la familia dónde estaban aquellos papeles, y los herederos trataron desesperadamente de hacerse con ellos. Pero las negociaciones fracasaron y el empresario se trasladó a vivir a Canarias. El contacto se perdió hasta que, en septiembre pasado, el valenciano reapareció para ofrecerle los documentos César Vidal y la familia denunció el intento de venta.
2 comentarios:
Incluso, algunos medios señalan que fue el propio César Vidal quien denunció que le querían vender unos documentos. No se presentó él sino un amigo suyo... acompañado de un miembro de la Guardia Civil y lo demás es bien conocido.
Esta caso me recuerda que hace pocos años la Junta de Andalucía pleiteó una y otra vez para recuperar una o varias escrituras que habían sido arrancadas de su protocolo en el siglo XIX. No hubo manera. Los tribunales, una y otra vez, pese a que la ley del Notariado dice que los protocolos pertenecen al Estado, tuvieron a bien declarar que los documentos eran de titularidad privada.
Y otra cosita, parece que esto de que los ministros, jefes de gobierno y presidentes de la república consideren los documentos públicos como cosa propia, debe tener una larga tradición. En varios medios leí que algunos de los documentos que nos ocupan, son (o fueron) claramente de titularidad estatal. Y si se declara la usucapión por parte de los tribunales, no hay nada que hacer, que no sirve invocar la reserva que hace el art. 28 de la ley 16/1985 de PHE, ley que no puede tener efectos retroactivos. Una pena, pero creo que es así.
La cosa tiene su miga. Escuchando esta noche del lunes un programa de radio de la COPE, dirigido por César Vidal, se entrevistó a Jorge Fernández Coppel, que fue quien apareció en la cafetería acompañado por un miembro de la Guardia Civil. Según Fernández Cappel, el padre del empresario que intentaba vender los documentos se hizo con ellos porque pertenecía al Servicio de Inteligencia Militar franquista, y en lugar de entregarlos a sus superiores, se los guardó.
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