La Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (Ley 11/2007), va a contribuir a impulsar la Administración Electrónica en las diferentes Comunidades Autónomas. Esta Ley confiere una serie de derechos a los ciudadanos y a las empresas en su interacción con la Administración central, autonómica y local, obligando a desarrollar, implantar y habilitar un conjunto de servicios para atender a una amplia diversidad de requerimientos, como son principalmente los siguientes: disponibilidad 24x7, universalidad (para todos los ciudadanos, allí donde se encuentren), calidad (posibilidad de conocer en todo momento el estado de tramitación de sus procedimientos), o eficiencia (simplificación de los procedimientos y de sus trámites, no aportando documentos o datos que ya obran en poder de la Administración).
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