Una maraña de criterios rodea la obtención de pruebas electrónicas.
La acreditación en juicio de los documentos electrónicos y en soporte electrónico, así como la ausencia de protocolos homologados sobre procedimientos de obtención, conservación, legalización y análisis pericial de las pruebas electrónicas son los dos principales problemas. "En la vía penal, la carga de la prueba la tiene la acusación. Al aportar una evidencia electrónica tenemos que acreditar su autenticidad e integridad, lo que muchas veces obliga a aportar otras pruebas de soporte de aquella de la que se pretende hacer uso". Por otro lado, en la recogida y tratamiento de las pruebas electrónicas no se emplean las mismas herramientas forenses, ni están homologadas. "Los análisis de ADN no se discuten en juicio y se dan por válidos sin necesidad de examinar a los peritos que los realizaron porque siguen procedimientos y técnicas homologadas en la comunidad científica . A un informe pericial procedente de los laboratorios de informática forense - policíales o no- no podemos aplicarle la misma doctrina porque no se han estandarizado los sistemas empleados. Hay que demostrar, por ejemplo, que al copiar el contenido de un ordenador no se ha alterado el original".
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