El Instituto de Patrimonio Cultural de España, la Biblioteca Nacional de España, la Filmoteca Española, y los archivos y museos de titularidad y gestión estatal, adquieren la condición de “agentes de ejecución” de la nueva Ley de la Ciencia aprobada en el Congreso de los Diputados, tal y como recoge la Disposición Adicional Decimocuarta.
La Ley considera “agentes de ejecución” a las entidades que realicen o den soporte a la investigación científica y técnica (artículos 3.4, 41.1c y 45.1). Estos agentes podrán participar en proyectos de investigación financiados gracias a los fondos estatales dedicados al fomento de la actividad científica, y contratar personal investigador para ello.
La Ley también les atribuye un papel fundamental en la “comunicación científica pública”, es decir, en la difusión del conocimiento científico, misión que sintoniza con la vocación social de las instituciones adscritas al Ministerio de Cultura.
La Ley también les atribuye un papel fundamental en la “comunicación científica pública”, es decir, en la difusión del conocimiento científico, misión que sintoniza con la vocación social de las instituciones adscritas al Ministerio de Cultura.
De este modo adquieren el reconocimiento oficial a una función que estaba en su propia razón de ser y que han venido realizando por vocación y servicio, pero sin respaldo oficial, desde hace décadas.
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