El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que determina cuáles son los funcionarios y autoridades competentes para realizar la homologación electrónica de documentos judiciales y administrativos.
La norma busca regular el procedimiento que da validez a los documentos públicos autorizados en el territorio de España y que deban ser presentados en otro Estado (apostilla).
Con esta nueva configuración se supera la antigua división entre autoridades competentes para apostillar documentos, ya que únicamente podían emitirlos en su ámbito geográfico concreto.
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