La ley de Acceso a Informaciones Públicas obliga a desclasificar todo documento, incluso los ultrasecretos, después de un máximo de 50 años.
El texto a ser promulgado por Rousseff define qué documentos oficiales considerados como "reservados" podrán permanecer secretos cinco años. Este plazo aumenta a 15 años para los documentos definidos como "secretos", mientras que los considerados como "ultrasecretos" serán hechos públicos en 50 años, como máximo.
La decisión puede sacar a luz informaciones claves del período de la dictadura militar en Brasil (1964-1985).
El texto original de la ley había sido enviado al Congreso por el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva en 2009, y contemplaba la posibilidad de que los documentos ultrasecretos pudieran permanecer secretos al poder prorrogarse su desclasificación por plazos de 25 años, sin límite en el tiempo.
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