Después de conocer que la nuera de Miguel Hernández presentó un escrito en el Ayuntamiento de Elche para retirar el legado del poeta en diez días, el edil de Cultura, Pablo Ruz señaló que "somos conscientes de que se ha iniciado un proceso jurídico tras la recesión del convenio que firmó el anterior equipo de gobierno. La Biblioteca Nacional tasó el legado en 1.600.000 euros y la familia nos reclama el doble".
Ante la posibilidad de que los herederos del poeta puedan recuperar las copias digitalizadas hasta ahora del fondo hernandiano, el concejal defendió que "el patrimonio digitalizado, por haberlo hecho el propio ayuntamiento, nos pertenece y la familia tendrá que someterse al proceso judicial. Cualquier archivo digitalizado pertenece a la entidad que lo ha ejecutado con una autorización previa".
El abogado de la familia, Carlos Candela, señaló que la Ley de Propiedad Intelectual establece que debe haber una autorización por escrito que permita hacer la digitalización de documentos, "algo que el Ayuntamiento de Elche debería saber que no tiene, ya que la primera vez que se puso por escrito fue en el contrato que ellos acaban de romper y daba autorización a la fundación que se iba a crear no al ayuntamiento".
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