José Ángel era auxiliar de justicia en el Juzgado tinerfeño de Granadilla de Abona. En 1998, escondió en bolsas de basura y dentro del propio archivo del juzgado hasta 61 documentos de causas judiciales abiertas quedando interrumpida su tramitación. Los hechos se descubrieron por casualidad en el año 2000 cuando se estaba reorganizando el archivo.
La Audiencia de Tenerife le condenó a cuatro años y medio de cárcel por los delitos de falsedad documental, estafa e infidelidad en la custodia de documentos pero el juicio tardó en celebrarse más de cinco años. Ese retraso obliga a la sala de lo penal del Tribunal Supremo a rebajar la condena hasta los tres años porque "la justicia tardía es menos justicia" y se ha vulnerado el derecho constitucional a un juicio sin dilaciones indebidas.
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