Tras varios suspensos en el alumbramiento de la futura Ley de Transparencia -un compromiso electoral del PSOE en las dos últimas legislaturas-, el Gobierno se ha propuesto aprobar esta asignatura antes de irse de vacaciones.
La última fecha que maneja el Gobierno es el próximo viernes si bien no descartan que pase a otra semana, reconocen fuentes del Ministerio de Presidencia.
La reactivación de esta futura norma coincide con el protagonismo del Movimiento 15-M, que ha convertido esta exigencia ciudadana en una de sus señas de identidad. En este sentido, el Congreso aprobó por unanimidad el 21 de junio una moción que instaba al Gobierno a presentar esta ley antes de agosto.
El punto de partida de la futura norma sobre el acceso a la información es el borrador que se filtró hace un año. En él, se regulaba este derecho de los ciudadanos, se fijaban los plazos en que la Administración tenía que responder, se establecían los límites al acceso a la información y se señalaba a la Agencia de Protección de Datos como árbitro de la transparencia, en caso de reclamaciones. Sin embargo, explican fuentes del Ejecutivo, se han manejado "varios borradores y se han introducido nuevas aportaciones", por lo que será posible hablar de un nuevo proyecto. "Los ciudadanos tienen derecho a la información y las administraciones tienen la obligación de informar".
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