Herederos de los primeros colonos de Texas se basan en documentos de los siglos XVII y XVIII para reclamar cientos de millones de dólares por la explotación petrolífera.
Texas, el segundo estado de la Unión por superficie y número de habitantes, fue una vez provincia española. Y no se trató de una dominación fugaz: se prolongó desde 1690 hasta 1821. La Corona empezó a repartir lotes de suelo a principios del siglo XVIII, con éxito relativo: hacía falta mucho valor y mucha necesidad para establecerse en aquella última frontera y exponerse a la triple amenaza de las tribus salvajes, los bandoleros y los franceses.
Parece increíble, pero aquellas concesiones de terreno rubricadas por la Corona española, así como las que emitiría después el recién nacido gobierno mexicano en los 14 que pudo conservar Texas, son uno de los asuntos candentes ahora mismo en los ambientes legislativos y judiciales de Estados Unidos. Los documentos amarillentos y a menudo indescifrables que daban derechos a los nuevos pobladores de la provincia no son ya un tesoro exclusivamente histórico: medio millar de descendientes de aquellos colonos se han unido para reclamar al estado de Texas los derechos por la explotación petrolífera y minera de lo que fueron las tierras de sus antepasados.
El montante de los 'royalties' oscila, según las fuentes, entre 200 y 560 millones de dólares.

Los 'reclamantes', el término español con el que son conocidos, se reunieron a finales del mes pasado en San Antonio, bien pertrechados con copias de los antiguos escritos y con reproducciones de sus detallados árboles genealógicos.
Hay un factor que da aliento a su demanda: el dinero que solicitan ya está recaudado, porque las compañías petrolíferas abonaron en su momento esos derechos de explotación, pero las autoridades nunca han encontrado a quién entregárselo. El estado de Texas guarda esos fondos en la Oficina de Interventores, junto con otros 1.700 millones de dólares que nadie ha reclamado o que nadie podía reclamar.
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