El sumario del 23-F sigue siendo secreto treinta años después.
Del golpe de Estado del 23-F, del que hoy se cumplen 30 años, se han escrito miles de artículos y decenas de libros, se ha rodado una serie televisiva y una película para la gran pantalla, y se ha debatido hasta la saciedad. Sin embargo, la documentación que puede aportar nuevos datos a lo ya conocido sigue siendo secreta y su acceso está vetado a historiadores y particulares.
Solo el Consejo de Ministros y la Junta de Jefes de Estado Mayor tienen potestad para declarar un documento como tal para proteger aquella información que puede afectar a la seguridad del Estado.
Solo ahora, treinta años después de la asonada, la Mesa del Congreso ha “desclasificado” distintos documentos elaborados por los servicios de intendencia de la Cámara, el comisario responsable de la seguridad del recinto o el acta de lo ocurrido que levantaron los cuatro secretarios de la Cámara en aquel momento.
El acceso al sumario del golpe, por el contrario, sigue estando vetado por el Tribunal Supremo, y ninguno de los historiadores y periodistas que han pretendido su consulta lo han logrado.
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