El Parlamento, dominado por el Congreso Nacional Africano (CNA), que gobierna el país desde el fin del apartheid en 1994, aprobó una polémica ley de secretos oficiales, a la que se oponen periodistas, sindicatos y organizaciones como la Fundación Mandela.
La norma contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes publiquen información clasificada, independientemente de que su objetivo sea la protección del interés general.
La plataforma Right to Know (Derecho a Saber), que aglutina a más de 400 organizaciones civiles, afirmó que impugnará la norma ante el Tribunal Constitucional y continuará con sus movilizaciones.
"Los miembros del CNA traicionarán los principios de un Gobierno abierto y transparente por los que un día lucharon", aseguró la plataforma en un comunicado previo a la votación.
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