El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales
del Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno.
Los gestores públicos que falseen las cuentas u oculten datos, generando
un perjuicio económico para la Administración, podrán ser condenados a
penas de cárcel de entre uno y cuatro años, además de ser inhabilitados
entre tres y diez años.
Así consta en el proyecto después de incorporar las sugerencias realizadas por el Consejo de Estado y la Agencia de Protección de Datos.
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