Quienes buscan en la red contenidos gratuitos a menudo se encuentran con un mensaje que indica que un archivo ha sido retirado por infringir los derechos de autor.
Las editoriales cuentan con departamentos dedicados a proteger la propiedad intelectual pero incluso para los grandes grupos la red es una jungla demasiado vasta.
«Cada día rastreamos millones de páginas y detectamos dónde están alojados los archivos que contienen determinadas huellas digitales o algunos de los metadatos de los libros que nos facilitan los clientes, como título, autor, número de ISBN...», explica Yuri Burka, de la empresa Attributor.
La labor de esta empresa tiene similitud con la de un detective privado: buscar la información, acumular pruebas, comunicarlas al cliente y advertir al infractor. Y si no acepta, medidas de presión.
La verificación humana precede a la reclamación de que se retire el material colgado sin permiso: algunos servicios de almacenamiento reciben de Attributor «hasta 10.000 requerimientos debidamente justificados al día», lo que hace que algunos, para ahorrar, hayan dado a la empresa las llaves para que borren directamente los archivos.
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