La OSCE ha publicado su segundo informe sobre el anteproyecto de la ley española de transparencia y buen gobierno en el que concluye que a pesar de los cambios realizados, la ley sigue estando por debajo de los estándares internacionales.
En este informe, de nuevo realizado por el profesor Eduardo Bertoni, se apunta que los cambios añadidos mejoran mínimamente la norma pero advierte que hay ciertos puntos fundamentales que deben integrarse para que este texto cumpla con los estándares internacionales en la materia; entre otros:
- Reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental
- Ampliar el ámbito de aplicación de la ley que sigue excluyendo mucha información de los poderes legislativo y judicial
- Mejorar la definición de información que incluye en la propia definición una serie de limitaciones no sujetas a una prueba de interés público.
- Asegurar que todas las excepciones estén sujetas a una prueba de daño y de interés público
- Reconocer la independencia del organismo encargado de velar por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública.
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