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La Agencia Española de Protección de Datos ha responsabilizado a la Conselleria de Justicia de la Generalitat valenciana de la aparición, en 2008, de documentos judiciales en la calle. Los expedientes procedían de los juzgados de Primera Instancia números 3 y 6 de Alzira.
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La Agencia de Datos considera que la Generalitat Valenciana tienen la obligación de dotar a los juzgados de los medios necesarios para garantizar la seguridad de los documentos judiciales. El Consell negó tener cualquier responsabilidad y alegó que en todos los juzgados de la Comunitat existe un protocolo para eliminar o conservar de forma segura la documentación judicial.
Sin embargo, los dos juzgados de Alzira informaron a los inspectores de la Agencia de Datos de que no disponían de destructoras de papel a pesar de que lo habían solicitado en varias ocasiones a la Generalitat Valenciana.
La Agencia Española de Protección de Datos ha instado al Consell a que "adopte las medidas de orden interno" que impidan que en el futuro pueda producirse un nuevo incidente. La entidad no ha impuesto a la Generalitat Valenciana ninguna sanción económica porque sólo las puede dictar cuando la infracción la comete una empresa privada o un particular.
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