El pasado 4 de junio se publicaba en el BOE el Real Decreto 776/2011, en el que se suprimen catorce Comisiones Calificadoras de Documentos Administrativos (CCDA) de ministerios y organismos públicos de la Administración General del Estado.
La justificación de esta decisión, fruto del “análisis y consulta” del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública con la participación del resto de departamentos ministeriales, se basa en los principios de austeridad y racionalización de estructuras.
ACAL quiere mostrar su desconcierto ante esta decisión, que consideramos oportunista y con afán únicamente propagandístico, ya que no puede ampararse en una austeridad que es precisamente una de las finalidades deestas Comisiones. Y menos con una supuesta racionalización de estructuras, reducción de trámites y eliminación de cargas administrativas, cuando no se ha planteado ningún sistema alternativo -ni mejor, ni peor-, con el consiguiente perjuicio para la eficacia y economía en la gestión de los documentos de la Administración General del Estado y la protección de su patrimonio documental, que es el de todos.
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