El robo de archivos, en la lupa.
El Senado de México ha aprobado una reforma estructural a la Ley Federal de Archivos para homologar los registros en los tres niveles de gobierno; cerrar por completo la posibilidad de que el Estado mexicano pueda enfrentarse a un caso como el ocurrido con WikiLeaks y agilizar la respuesta a las peticiones a través del IFAI.
Los senadores establecieron que aquellos archivos históricos que hayan superado los 30 años en calidad de “confidenciales”, puedan ser abiertos al público, sobre todo a los historiadores.
Por primera vez, esta ley federal prohíbe y sanciona al servidor público que intente llevarse a casa estas bases de datos al dejar su cargo.
Con esta reforma, el funcionario cometerá un delito cuando haga ilegible, extraiga, destruya, inutilice, altere, manche, raspe, mutile total o parcialmente y de manera indebida cualquier documento resguardado o calificado como histórico.
La minuta regresada a los diputados prevé la creación de áreas indispensables para la implementación de la ley como la Coordinación de Archivos, el área de Archivos Presidenciales y Archivos Privados de Interés Público, entre otras.
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