La Xunta colgó en Internet información personal sobre ayudas por discapacidad.

A mediados del 2006, un funcionario de la Xunta de Galicia en Lugo tecleó su nombre y sus apellidos en un conocido buscador de Internet. Para su sorpresa, los datos de la prestación por una discapacidad que recibía su mujer a través del Fondo de Acción Social autonómico, y que deberían ser confidenciales, estaban al alcance de cualquiera con un clic. ¿La razón? La Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza publicaba en su web sin filtros la relación de admitidos para las citadas ayudas.
La consellería podría haber incurrido en una infracción del artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), por la que podría ser sancionada con una multa de hasta 600.000 euros.

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