¿Dónde van a parar los documentos confidenciales de bancos, notarías, hospitales y administraciones públicas? La Ley de Protección de Datos obliga a todos ellos a adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de toda esta información privada y evitar su pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, bajo pena de sanciones que pueden alcanzar los 600.000 euros. En general, se acude a profesionales que centran su trabajo en este tipo de destrucción de datos. Pero, de vez en cuando, siguen apareciendo papeles extraviados con información reservada en cualquier esquina de la calle.
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