Así se titula el artículo de El Confidencial Digital. Parece "sospechoso" que la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos haya autorizado la destrucción de diversos documentos de la Policía, la Guardia Civil y Tráfico.
Está claro que falta dar a conocer entre la gente de a pie la importancia de la valoración documental y que no se trata de destruir "pruebas" o "documentos secretos y comprometedores". No hay nada "raro" en que de los expedientes sobre circulación de transportes especiales entre 1999 y 2007 se conserve sólo una muestra de las resoluciones... o sí?
Uno de los lectores del artículo comenta: "supongo que se está intentando borrar documentos comprometedores de la gran familia socialista"... Un poco de polémica para hacernos pensar.
1 comentario:
Me llama la atención que no se destruyan los expedientes de sanciones de tráfico, o tal vez no lo indica la noticia y ya se hace; sé que en algún archivo municipal, sí se destruyen las multas debido al volumen que ocupan.
Supongo que esa comisión actuará con acierto y quedarán fuentes indirectas. De todos modos, esto de los expurgos, a no ser que se trate de casos muy claros (duplicados, fotocopias, papel autocopiativo, etc.), me produce miedo, incluso pavor, e incluso echo de menos una declaración al respecto por parte de la Real Academia de la Historia, tan presta a intervenir en la cuestión salmantina, y tan silenciosa en lo que a archivos judiciales se refiere, o en torno a las condiciones en las que se custodian multitud de fondos.
Hasta hace dos días, a nadie le interesaba la historia económica, y está el ejemplo de las circulares del Ministerio de Hacienda en los años 40 o 50, en las que se señalaba que los archiveros provinciales de Hacienda ocasionaban continuos gastos solicitando estanterías para instalar en ellas documentos que en muchos casos no tenían ningún valor, ni histórico, ni administrativo; en las mismas circulares se les instaba a realizar expurgos, como en efecto se hicieron en bastantes sitios, bien para enviar los documentos a la F.N.M.T. y convertir el material eliminado en pasta de papel, bien para que unas monjitas empleasen los documentos como combustible de calefacción.
Funcionarios de la Delegación señalaban qué series a eliminar carecían de valor administrativo. Los archiveros del Cuerpo Facultativo -provistos de alguna bola de cristal- firmaban esas actas de expurgo declarando con gravedad que los documentos eliminados carecían de valor histórico ¿Quién les diría que pocos años más tarde la historia económica empezó a interesar y hoy los investigadores realizan auténticos malabarismos para recabar la información que para aquellos archiveros no tenía ningún valor histórico?
PD: en algunos sitios, dice radio macuto, que acabaron tan hasta el gorro de la última archivera provincial de Hacienda, que han amortizado la plaza o no la cubren por miedo, y sus funciones las desempeñan en la actualidad ordenanzas y auxiliares administrativos. La misma señora, tuvo el cuajo de decirme a mí a mediados de los 90 que la documentación de Hacienda era siempre “secreta”, y que si me permitía la consulta era porque ella abría la mano; que ahora los archivos ya no estaban servidos por auténticos archiveros –como ella-, que los archiveros municipales, de comunidades autónomas y demás, no tenían ni idea. Pensé que tendría el archivo hecho un San Luis, con unos IDD de luxe, -que no me permitía consultar porque ese era trabajo suyo, según decía- y la documentación instalada en las mejores condiciones. Cuando la transfirió al archivo histórico en donde hoy se conserva, supe que padecía de divismo, porque ni fue capaz de organizar la transferencia, como tampoco había sido capaz de confeccionar una relación de entrega –que redactaron los ordenanzas una vez que ella se jubiló- , que las unidades de instalación eran deplorables, y que los IDD eran prácticamente inexistentes, o cuando los había, tenían nombres peregrinos como Libro de los muertos para un índice onomástico de transmitentes en las declaraciones del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
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