El Gobierno español ha anunciado la desclasificación de documentos archivados en las oficinas diplomáticas de España en Buenos Aires sobre centenares de ciudadanos desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983).
La solicitud de la entrega de los archivos la realizó el pasado 29 de septiembre el encargado del Juzgado Central de Instrucción número 5 Pablo Ruz, con el fin de continuar las investigaciones adelantadas por el juez Baltasar Garzón en 1990 en torno a la desaparición de cientos de españoles.
El sumario de la Audiencia Nacional oficialmente investiga la supuesta desaparición de 600 españoles, aunque se desconoce el número exacto.
El gobierno que aún encabeza Rodríguez Zapatero informó que fundaba la desclasificación en “el carácter excepcional de las circunstancias del procedimiento y la naturaleza de los hechos que se investigan y la gravedad tanto de la calificación que pudieran merecer tales hechos como de las penas que pudieran corresponderles”. Sin embargo, en virtud de la Ley de Secretos Oficiales y con el objetivo de “conciliar la protección de la seguridad del Estado, de una parte, y el derecho fundamental de tutela jurídica efectiva, de otra”, pidió “la máxima protección y reserva procesal posible”.
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