La Xunta prevé destruir 1,2 millones de expedientes judiciales en tres años.
La Xunta ha dado el primer paso para destruir toda la documentación judicial prescrita o innecesaria que almacenan los juzgados gallegos desde hace varias décadas. Las primeras estimaciones de la Dirección Xeral de Xustiza apuntan a que aproximadamente 1,2 millones de expedientes serán destruidos, aunque parte de la documentación analizada se conservará debido a su valor histórico y documental o a la importancia que pueda tener para futuras reclamaciones por parte del afectado.
El proceso de selección y limpieza de todos estos expedientes recaerá sobre la Junta de Expurgación de la Documentación Judicial, un órgano adscrito a la Consellería de Presidencia y encabezado por el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Este comité de expertos, del que también formarán parte un fiscal, un secretario, un funcionario elegido por la Xunta y un técnico especializado en archivos, será el encargado de evaluar uno por uno todos los papeles almacenados en las principales sedes judiciales de Galicia, pero también en todos los juzgados unipersonales de la comunidad.

Se trata de un trabajo arduo y lento que, como explican desde la Consellería de Presidencia, podría prolongarse durante tres años una vez que esté constituida ya la Junta de Expurgación. El primer año, los expertos se centrarán en el análisis y selección de los documentos archivados en el Tribunal Superior de Xustiza y las cuatro audiencias provinciales, de donde la Xunta prevé expurgar unos 200.000 expedientes. En una segunda fase, más larga y compleja, por lo que podría durar dos años, la Junta estudiará los fondos conservados en los archivos de los pequeños juzgados, en los que estiman que se destruirán otro millón de expedientes.

De momento, la Xunta sólo ha dado el primer paso con la publicación en el DOG del decreto por el que se constituye la Junta de Expurgación. Este será el tercer procedimiento de expurgo de la historia judicial española y también el más importante debido a que el papeleo generado por la Administración judicial se ha multiplicado en las últimas décadas. El primero se realizó en 1923 y el segundo en 1962. Por eso, la noticia ha cogido por sorpresa a jueces y secretarios, que en la gran mayoría de los casos no han vivido en persona un procedimiento de expurgo pero coinciden en la urgencia de la medida ante la saturación de las sedes judiciales.

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