El alcalde de Tamariz (Valladolid) permitió en 2003 la venta de dos arcones repletos de documentos a un anticuario por la irrisoria cantidad de 250 euros. José Ángel Blanco compareció en calidad de imputado ante el juez en octubre para justificar que lo que vendieron fueron «unas arcas viejas sin valor y montones de papeles comidos por las ratas y llenos de excrementos de palomas» con motivo de las obras de rehabilitación del Ayuntamiento del pequeño municipio de 102 habitantes censados.
El ex regidor reconoció que «nadie se paró a examinar los documentos» y justificó que «si no se hubieran vendido -por parte del edil que ejercía de tesorero- los albañiles la habrían tirado».
Aquellos legajos fueron adquiridos por un anticuario al módico precio de 250 euros y revendidos después por partes a dos particulares. Estos últimos fueron los encargados de intentar sacar tajada de ellos a través de una casa de subastas madrileña, primero, y del citado portal de subastas, después. Allí, en eBay, llegó a comprar un ciudadano estadounidense un manuscrito de 1621 por 15,90 euros.
Lo más sorprendente del caso, pendiente aún de la celebración del juicio, es que el propio alcalde reconoce que se enteró de que alguien estaba vendiendo documentos de Tamariz por el cura de Rioseco. Entonces fue a visitar al anticuario y éste le mostró un viejo plano del Consistorio por el que le pidió nada menos que 2.000 euros, según consta en las diligencias practicadas en el juzgado.
El juez ordenó hace algunas semanas a la Guardia Civil la localización de los legajos para proceder a su devolución a los archivos de los que nunca debieron salir. El alcalde puede enfrentarse a penas de uno a tres años de prisión por la enajenación de unos bienes catalogados por su valor histórico al contar con una antigüedad superior a 40 años (Ley de Patrimonio Documental de Castilla y León).
Lo más sorprendente del caso, pendiente aún de la celebración del juicio, es que el propio alcalde reconoce que se enteró de que alguien estaba vendiendo documentos de Tamariz por el cura de Rioseco. Entonces fue a visitar al anticuario y éste le mostró un viejo plano del Consistorio por el que le pidió nada menos que 2.000 euros, según consta en las diligencias practicadas en el juzgado.
El juez ordenó hace algunas semanas a la Guardia Civil la localización de los legajos para proceder a su devolución a los archivos de los que nunca debieron salir. El alcalde puede enfrentarse a penas de uno a tres años de prisión por la enajenación de unos bienes catalogados por su valor histórico al contar con una antigüedad superior a 40 años (Ley de Patrimonio Documental de Castilla y León).
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