Archivo General Histórico de Defensa.
El Ministerio de Defensa ha trasladado los juicios sumarísimos al nuevo Archivo General Histórico de Defensa, que ocupa dos naves del cuartel Infante Don Juan, en el madrileño paseo de Moret, para poner en marcha un proyecto piloto de restauración y digitalización de archivos militares.

El traslado de los legajos a Madrid ha generado una marejada política en Valencia o Castellón, donde su retorno se ha convertido en una reivindicación compartida por todas las instituciones y partidos. Álvaro Martínez-Novillo, subdirector de Patrimonio Histórico-Artístico de Defensa, afirma que su único objetivo es salvar un fondo documental en grave peligro y hacerlo accesible a los investigadores.

El periódico El PAÍS ha podido comprobar que muchos de los expedientes están seriamente dañados, con páginas que se desintegran al tocarlas y otras ilegibles por la descomposición del papel y la tinta. Muchos de ellos son documentos almacenados en los sótanos de la Capitanía General de Valencia, que se inundaron por el desbordamiento del Turia de 1957, e incluso conservan aún manchas de barro. Aunque los legajos de Castellón estaban mejor conservados, carecían de medidas de seguridad (sistema contra incendio o control de la humedad) y de normas modernas de clasificación y acceso.

El problema, como explica Martínez-Novillo, es que los archivos de los juzgados militares, por su carácter judicial, quedaron al margen del reglamento de archivos militares de 1998; y, por el castrense, fueron excluidos del decreto de modernización de archivos judiciales de 2003. Debido a esta doble exclusión, nadie se ha ocupado de ellos.

El ministerio que dirige Carme Chacón se propone aprobar un nuevo reglamento que clasifique los archivos militares en cuatro categorías: de gestión (para expedientes abiertos); centrales (con más de cinco años de antigüedad); intermedios (en torno a 25); e históricos (con más de 30). Estos últimos serían de acceso público. Los expedientes judiciales seguirán una trayectoria similar: pasarán del juzgado militar al tribunal territorial y luego al archivo histórico.Se acabará así con el hermetismo de estos fondos, que serán tratados como los demás archivos del Estado, según una ley que prepara el Ministerio de Cultura, y se normalizará el trabajo de los investigadores.

La cuestión no es sólo legal sino, sobre todo, económica. Para garantizar la conservación de los documentos y su acceso público es necesaria su digitalización, última fase del proyecto de Defensa. Sólo el plan piloto de los juzgados de Madrid y Valencia costará millón y medio de euros. Para acelerar el proceso, se han firmado acuerdos con varias comunidades autónomas (Cataluña, Aragón y Andalucía), pero aun así puede tardar décadas.
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