El plazo legal para adecuar los contenidos de los servicios públicos ofrecidos a través de la Web a los criterios de accesibilidad "generalmente reconocidos" expira el 31 de diciembre de 2005. Las Administraciones Autonómicas han dispuesto de más de tres años para llevar a cabo esta tarea, desde la promulgación en junio de 2002 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico.
El Observatorio de la Infoaccesibilidad de Discapnet ha elaborado su tercer Informe en el que denuncia que ninguna de las páginas de las 17 Comunidades Autónomas cumple con los criterios mínimos de accesibilidad. En el estudio, centrado en el ámbito del trabajo, se han valorado tanto criterios técnicos que ayudan a la accesibilidad (descripción de imágenes, uso de marcos, códigos...), como la valoración de sus usuarios.