Los hijos de Agustí Centelles venden su archivo de fotos al Ministerio de Cultura.
Sergi y Octavi Centelles, los hijos del fotoperiodista Agustí Centelles, no darán marcha atrás en su decisión de vender el archivo fotográfico de su padre al Ministerio de Cultura. Ambos han explicado que los papeles con Cultura ya están firmados y que el Ministerio se ha comprometido a cumplir con todas las condiciones que ellos habían puesto para cerrar la operación.
Ambos hermanos han admitido que la venta al Gobierno responde a un "acto de venganza" fruto de la indignación a la propuesta poco concreta del Departament de Cultura de Catalunya.

Sergi y Octavi han acusado a la Generalitat de "intentar un expolio como el que su sufrió su padre durante el franquismo". Sergi y Octavi afirman que el Govern quería incluir las fotografías de su padre al Patrimoni Cultural Català, en un intento de que las imágenes no pudieran salir de Catalunya.
Por otra parte, han respondido a las voces que les han tildado de "peseteros" y han afirmado que "no han sacado ni un solo duro" de las exposiciones del archivo que se han realizado hasta hoy.
Según los hijos de Centelles, la decisión de vender el fondo al Gobierno se ha basado más en criterios de difusión que económicos (el Ministerio lo ha comprado por 700.000 euros) y han manifestado su voluntad de que legado de su padre se quede en Salamanca y no se ceda a ninguna otra administración.

En Catalunya, la decisión de los hijos de Centelles ha provocado numerosas criticas. Mientras la Generalitat ha expresado su "irritación", el partido de la oposición, CiU, ha acusado al Govern de "traición a la memoria histórica".
La portavoz de Cultura de CiU en el Parlament catalán, Carme Vidal, consideró una "traición a la memoria histórica" y un fracaso del conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, que el fondo fotográfico de Agustí Centelles sea comprado por el Ministerio de Cultura.
Un portavoz del Departamento de Cultura de la Generalitat calificó de "desleal" la actitud de la Administración central: "No puede ser que ofrezcamos 500.000 euros y luego otra administración pública ponga 200.000 más, como si fuéramos dos casas de subastas privadas; estamos gestionando dinero público".
Los 10.000 negativos se mudan al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.
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