27 jul. 2012

Se remite a la Cortes Generales el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 
Los gestores públicos que falseen las cuentas u oculten datos, generando un perjuicio económico para la Administración, podrán ser condenados a penas de cárcel de entre uno y cuatro años, además de ser inhabilitados entre tres y diez años.
Así consta en el proyecto después de incorporar las sugerencias realizadas por el Consejo de Estado y la Agencia de Protección de Datos.