La consejera de Educación, Cultura y Deporte ha defendido que el Archivo de la Corona de Aragón “funciona con normalidad".
María Victoria Broto, Consejera de Cultura del Gobierno de Aragón, ha explicado, ante una solicitud de comparecencia del diputado del PP Gustavo Alcalde, que la reunión del Patronato no se ha producido por las diferencias surgidas con la Generalitat de Cataluña, que reclama que se reconozca la titularidad catalana de una parte del Archivo.
Hay graves divergencias ya que Aragón, Valencia y Baleares defienden la unidad del Archivo pero Cataluña reclama que el Archivo Real, la parte central del mismo, sea de titularidad de la Generalitat. De hecho, el Estatuto catalán contempla una disposición adicional en ese sentido; aspecto que ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por Aragón. “Se intentó llegar a un acuerdo en este sentido pero el representante catalán quería segregar los fondos”, ha explicado la consejera, que es también vicepresidenta del Patronato. Esta situación impidió el acuerdo y se suspendieron las reuniones.
Sin embargo, María Victoria Broto ha asegurado que esta circunstancia no impide el normal funcionamiento del Archivo, tal y como expuso el ministro de Cultura, César Antonio Molina, en el Senado ante una pregunta del propio Gustavo Alcalde. “El Ministerio tiene la infraestructura adecuada para que los investigadores realicen adecuadamente sus estudios”.
Sin embargo, María Victoria Broto ha asegurado que esta circunstancia no impide el normal funcionamiento del Archivo, tal y como expuso el ministro de Cultura, César Antonio Molina, en el Senado ante una pregunta del propio Gustavo Alcalde. “El Ministerio tiene la infraestructura adecuada para que los investigadores realicen adecuadamente sus estudios”.
Gustavo Alcalde ha sido muy crítico con la actitud del Ejecutivo de la Comunidad. “Salvo que el Tribunal Constitucional lo remedie, Zapatero dará a Cataluña lo que le dé la gana”, ha argumentado. Además, ha denunciado que “los intereses colectivos quedan supeditados a los intereses del Gobierno de Cataluña”.
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