
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que desarrolla el Reglamento de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. En concreto, las entidades empresariales de derecho público y las sociedades mercantiles estatales deberán difundir a través de Internet toda la información relativa a su actividad empresarial que no tenga carácter reservado, en especial sus estatutos, la composición de sus órganos de dirección, sus cuentas anuales y los códigos de buenas prácticas cuyo cumplimiento deben observar.
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