La Administración y sus 'altos secretos'.

España es de los pocos países de europeos que carece de una ley que regule el derecho de acceso de los ciudadanos a datos y archivos oficiales. Sólo Grecia, Luxemburgo y Chipre están en la misma situación. Malta, que también integraba el club de los "sindatos", ha tomado la delantera y ya que está tramitando en el Parlamento la Freedom of Information Act.

El 28 de septiembre es el día internacional del derecho a saber, pero la Administración española no parece tener esa fecha en el calendario. Esta situación, sin embargo, puede tocar a su fin. El Gobierno se ha comprometido a promover una ley que garantice "el mayor acceso posible a la información pública".

La ley es absolutamente necesaria. Cualquier persona que quiera acceder a una información, aunque sea inocua, se encuentra ante una carrera de obstáculos", constata el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz Severiano Fernández. ¿De quién es la culpa? "Hoy por hoy, los funcionarios acuden a todo tipo de excusas para ocultar la información, incluido el famoso silencio administrativo. La callada por respuesta es la forma más fácil y cómoda de ocultar la información. El ciudadano se encuentra en una situación de indefensión; a no ser que se embarque en los tribunales, un proceso que no deja de ser largo y costoso".

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