Varios archivos militares siguen vedados a la memoria histórica.
"El acceso eficiente a todos los archivos históricos podría facilitar el camino hacia la verdad sobre lo que les ocurrió a muchas de las víctimas del franquismo", asegura la historiadora Mirta Núñez. Entre los cientos de miles de ficheros que se conservan desde la dictadura, hay documentos que se refieren a procesos de guerra. De ellos emanaron numerosas sentencias de muerte contra quienes hicieron frente al régimen fascista.
Los especialistas denuncian que el principal problema es la "desorganización" de muchos centros archivísticos del país. Solucionarlo es, a juicio de Núñez, "uno de los retos de la Ley de Memoria Histórica" aprobada por el Gobierno en 2007.
"No hay uniformidad en los accesos, ni se sigue un mismo criterio de búsqueda en los diferentes archivos históricos militares españoles", lamenta Santiago Macías, uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. El historiador Francisco Espinosa incide en esta misma idea. Él afirma que "en A Coruña, Catalunya o Sevilla los archivos son accesibles". No así en Madrid, "donde se ha incorporado una ingente cantidad de documentos procedentes de los bancos de datos de la Comunitat Valenciana y Murcia".
El diario Público ha consultado con fuentes del Ministerio de Defensa, que se limitaron a explicar que "todos los archivos militares son de acceso público". Asimismo, desde el departamento que dirige Carme Chacón se mostraron "extrañados" por las quejas de las asociaciones de la memoria y de los historiadores especialistas en la dictadura.
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"El acceso eficiente a todos los archivos históricos podría facilitar el camino hacia la verdad sobre lo que les ocurrió a muchas de las víctimas del franquismo", asegura la historiadora Mirta Núñez. Entre los cientos de miles de ficheros que se conservan desde la dictadura, hay documentos que se refieren a procesos de guerra. De ellos emanaron numerosas sentencias de muerte contra quienes hicieron frente al régimen fascista.
Los especialistas denuncian que el principal problema es la "desorganización" de muchos centros archivísticos del país. Solucionarlo es, a juicio de Núñez, "uno de los retos de la Ley de Memoria Histórica" aprobada por el Gobierno en 2007.
"No hay uniformidad en los accesos, ni se sigue un mismo criterio de búsqueda en los diferentes archivos históricos militares españoles", lamenta Santiago Macías, uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. El historiador Francisco Espinosa incide en esta misma idea. Él afirma que "en A Coruña, Catalunya o Sevilla los archivos son accesibles". No así en Madrid, "donde se ha incorporado una ingente cantidad de documentos procedentes de los bancos de datos de la Comunitat Valenciana y Murcia".
El diario Público ha consultado con fuentes del Ministerio de Defensa, que se limitaron a explicar que "todos los archivos militares son de acceso público". Asimismo, desde el departamento que dirige Carme Chacón se mostraron "extrañados" por las quejas de las asociaciones de la memoria y de los historiadores especialistas en la dictadura.
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