Las pruebas de los crímenes de Franco.
Se abrieron al público hace más de una década, pero víctimas del franquismo e investigadores han denunciado que siguen existiendo dificultades a la hora de acceder a ellos. Unas críticas que no han sentado nada bien a los trabajadores del Archivo General Militar de Madrid. El depósito, que recoge millones de documentos de la dictadura, abrió al público hace algo más de un año.
"Desde entonces, han llegado un millar de investigadores unos seis al día, a quienes se les han facilitado unos 10 o 15 expedientes cada jornada", destaca orgulloso el director técnico del archivo, Rogelio Pacheco. El 80% de los documentos que les fueron requeridos " han estado a disposición de los investigadores de forma inmediata".
En un 15% de los casos, los investigadores salen con las manos vacías. Esto se debe a que "no existe un reflejo documental de las personas a las que se refieren los solicitantes", explica Pacheco. Se refiere a los numerosos crímenes ocultos del régimen de Franco.
Hay un 5% de las solicitudes que son denegadas. Se rechazan las peticiones que incumplen los plazos de la Ley Patrimonio Histórico de 1985, que prohíbe la consulta de los documentos hasta 25 años después de la defunción del represaliado o hasta los 50 del final del procedimiento. Otras muchas se deniegan porque los expedientes se encuentran en mal estado.
Se abrieron al público hace más de una década, pero víctimas del franquismo e investigadores han denunciado que siguen existiendo dificultades a la hora de acceder a ellos. Unas críticas que no han sentado nada bien a los trabajadores del Archivo General Militar de Madrid. El depósito, que recoge millones de documentos de la dictadura, abrió al público hace algo más de un año.
"Desde entonces, han llegado un millar de investigadores unos seis al día, a quienes se les han facilitado unos 10 o 15 expedientes cada jornada", destaca orgulloso el director técnico del archivo, Rogelio Pacheco. El 80% de los documentos que les fueron requeridos " han estado a disposición de los investigadores de forma inmediata".
En un 15% de los casos, los investigadores salen con las manos vacías. Esto se debe a que "no existe un reflejo documental de las personas a las que se refieren los solicitantes", explica Pacheco. Se refiere a los numerosos crímenes ocultos del régimen de Franco.
Hay un 5% de las solicitudes que son denegadas. Se rechazan las peticiones que incumplen los plazos de la Ley Patrimonio Histórico de 1985, que prohíbe la consulta de los documentos hasta 25 años después de la defunción del represaliado o hasta los 50 del final del procedimiento. Otras muchas se deniegan porque los expedientes se encuentran en mal estado.
Uno de los principales objetivos es la consolidación de una base de datos con los nombres de todas las personas cuyos expedientes están archivados en el depósito madrileño. "De momento, hemos conseguido almacenar 250.000", resalta Rogelio Pacheco. Para localizar el resto de nombres, los técnicos deben realizar una búsqueda manual en los cientos de archivadores que ocupan una de las salas del edificio.
Los 10.000 expedientes correspondientes a la provincia de Castellón ya han sido incluidos en la base de datos y las 750.000 referencias documentales que los componían también han pasado un proceso de digitalización.
A falta de una orden específica de Defensa, la consulta de los históricos documentos es gratuita. Los datos de Castellón ya pueden reproducirse a través de un ordenador. Y, para hacerse con copias del resto, se permite a los investigadores hacer fotografías o, en los mejores casos, realizar fotocopias. "Todo depende del estado de conservación de los escritos", insiste Pacheco.
Más información
No hay comentarios:
Publicar un comentario