EE UU podrá acceder a datos sobre la vida sexual, religiosa y política de españoles.
Un acuerdo firmado el pasado 23 de junio en Washington entre el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba y el fiscal general estadounidense dio luz verde a que los agentes antiterroristas norteamericanos tengan acceso directo a las bases de datos policiales españolas.
El acuerdo tiene un nombre tan neutro como «convenio sobre incremento de cooperación para impedir y combatir la delincuencia grave». Ese epígrafe inocuo hizo que entonces pasara desapercibido en medio de otra riada de protocolos y en plena polémica sobre el traslado de presos de Guantánamo a España.

El día 17 de septiembre el convenio se publicó en el BOE. El artículo más peliagudo es el 13. Ese precepto autoriza a las autoridades españolas a «facilitar» a los funcionarios antiterroristas norteamericanos «datos personales que revelen el origen racial o étnico, opiniones políticas o creencias religiosas o de otra índole y afiliación sindical o informaciones personales sobre «la salud o la vida sexual» de sospechosos. Eso sí, esos datos sólo podrán entregarse a Estados Unidos «si son especialmente relevantes» para las investigaciones sobre estos supuestos terroristas.
El pacto es recíproco y, así, los funcionarios de Interior también podrán consultar sin intermediarios y sin apenas restricciones los archivos estadounidenses sobre huellas dactilares, ADN y antecedentes penales en busca de posibles activistas.

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