La larga política de la mala memoria.
El Archivo General de la Nación es una espina olvidada en medio del aparato estatal argentino. El último cortocircuito entre el Archivo y el Ministerio del que depende se produjo hace menos de un mes, a principios de agosto. José Luis Moreno, director del AGN desde junio de 2007, presentó una renuncia que no dudó en calificar de forzada. En los días siguientes, el historiador denunció ante los medios el lamentable estado del archivo, dijo que el Ministerio no le autorizaba partidas presupuestarias y le ponía todo tipo de trabas burocráticas: el catálogo de males de las ocho plantas del edificio incluía escaleras de incendio rotas, goteras, plagas que campean a sus anchas y viejos censos o documentos portuarios que van dejando retazos de papel en la mano de cada investigador o curioso que los consulta.
Pese a que un decreto presidencial de 2008 destinó 21 millones de pesos para el proceso de digitalización y refacción del edificio, aún no se pudo usar un centavo. El ex director dice que los proyectos se trabaron porque el Ministerio redirigió los fondos para otros gastos. Y que cuando finalmente llegó una partida, eran seis millones de pesos destinados a la digitalización de audio y video. "Yo no lo autoricé porque no eran tareas prioritarias como los documentos en papel, porque no tenían en cuenta que el audio y el video exigen enfoques metodológicos distintos y porque la tecnología que querían usar no está a la altura".
En el Ministerio del Interior dicen que Moreno no ejecutó el dinero por desidia, que era difícil dar con él en el archivo y que ni siquiera tiene celular (en realidad sí tiene un celular, pero lo deja en el auto).

Las denuncias de Moreno, agregan, llegan tarde. Las ven como los pataleos de un ex director despechado después de que le pidieran dar un paso al costado.
Por ahora, lo único que ha trascendido de su trabajo al frente del archivo apareció en sumario administrativo por un presunto desvío de fondos que ahora investiga la Oficina Anticorrupción. La denuncia se refiere a una ayuda que el gobierno de España habría depositado en una cuenta de la Asociación de Amigos. En el Ministerio del Interior dicen que esa clase de convenios sólo puede firmarse con la autorización del gobierno. "Le dijimos que tenía que tramitarlo a través de Cancillería, pero la gente de la cultura a veces cree que puede hacer cualquier cosa". Tras la denuncia, asegura que ésta forma parte de un operativo en represalia por sus denuncias.
El miércoles, el ex director y los miembros de la Asociación deberán declarar por ese caso en el Ministerio.
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