Los datos que circulan a través de las redes de intercambio de archivos no están protegidos por el derecho a la intimidad ni por el derecho al secreto de las comunicaciones. Así lo dicta una sentencia del Tribunal Supremo que considera que los datos que se pueden obtener con estos programas (concretamente con Emule) son públicos para los usuarios de Internet. Por tanto, la policía puede acceder a ellos sin autorización judicial previa.
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