Según una circular enviada por la secretaria coordinadora provincial de Sevilla es "fundamental" que no se tire a las papeleras normales ninguna documentación con datos identificativos y sujetos a la Ley de Protección de Datos, ya que el desecho de estas papeleras no se recoge por la empresa de reciclaje contratada por la Delegación Provincial de Justicia sino por las limpiadoras de los órganos judiciales, por lo que irían a parar a los contenedores ordinarios. el responsable del sector de Justicia de Sevilla de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), Miguel Angel Ramos, aseguró hoy en declaraciones a Europa Press que la medida le parece "correcta", si bien reclamó a la Administración autonómica que instale una destructora de papel en cada juzgado porque "es absurdo y supondría una pérdida de tiempo" que esa labor le corresponda a los funcionarios.
(El asunto de la "basura judicial" sigue dando que hablar...)
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