Cuestiones en el aire de la e-factura.
Desde el próximo 1 de octubre, la factura electrónica será obligatoria en todos los contratos del sector público estatal y todas las pequeñas y medianas empresas que hagan este tipo de negocios deberán disponer de un sistema de facturación electrónica. El planteamiento de una oficina sin papeles se complica ante una serie de contrariedades y barreras legales, técnicas y económicas.
La ley no hace referencias explícitas a la interoperabilidad y la compatibilidad de los sistemas, con lo que muchas de las soluciones presentes en el mercado –incluso aquellas que siguen el estándar propuesto por la Agencia Tributaria– no son compatibles entre sí. Esta situación deriva en que algunas grandes compañías están imponiendo a sus clientes y proveedores sus propios sistemas.
Además no existe, por ahora, un plan conjunto de actuación de las distintas administraciones públicas y los plazos legales para la adopción de este sistema no se están cumpliendo.
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