Protección de Datos tutelará el acceso a la información pública.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) será la encargada de vigilar a las Administraciones Públicas y de la protección del derecho de acceso de los ciudadanos a la información oficial, según regula el anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los Ciudadanos.
En los últimos años, tal y como ha venido denunciando el catedrático de Derecho Administrativo y ex director de la AEPD, José Luis Piñar, se ha venido poniendo como excusa la protección de datos para impedir el acceso de los ciudadanos a la información que obra en poder de los poderes públicos.
El anteproyecto se basa en el principio de que el derecho de acceso de todos a la información pública es la regla en un país democrático, y que debe ser tutelada por una entidad pública independiente que tutele y garantice la efectividad del derecho.
Si bien las informaciones de la Administración estatal no deberían presentar mayores dificultades, fuentes del Ministerio de la Presidencia indican que el mayor problema se dará en las comunidades autónomas, que cuentan con normativas contradictorias, y en los ayuntamientos donde se da una gran resistencia a facilitar datos, fundamentalmente basándose en la confidencialidad de las informaciones y en la privacidad de los datos.
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) será la encargada de vigilar a las Administraciones Públicas y de la protección del derecho de acceso de los ciudadanos a la información oficial, según regula el anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los Ciudadanos.
En los últimos años, tal y como ha venido denunciando el catedrático de Derecho Administrativo y ex director de la AEPD, José Luis Piñar, se ha venido poniendo como excusa la protección de datos para impedir el acceso de los ciudadanos a la información que obra en poder de los poderes públicos.
El anteproyecto se basa en el principio de que el derecho de acceso de todos a la información pública es la regla en un país democrático, y que debe ser tutelada por una entidad pública independiente que tutele y garantice la efectividad del derecho.
Si bien las informaciones de la Administración estatal no deberían presentar mayores dificultades, fuentes del Ministerio de la Presidencia indican que el mayor problema se dará en las comunidades autónomas, que cuentan con normativas contradictorias, y en los ayuntamientos donde se da una gran resistencia a facilitar datos, fundamentalmente basándose en la confidencialidad de las informaciones y en la privacidad de los datos.
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