
El Consejo Nacional Consultivo de Cyberseguridad (CNCCS) apoya la iniciativa de las Administraciones Públicas de desarrollar una legislación coherente para poder responder en un futuro a ciberataques como los ocurridos la pasada semana a la SGAE, al Ministerio de Cultura y a la entidad Promusicae.
En concreto, se han incluido dos párrafos sobre este tipo de actividades ilegales en la reforma del código penal -artículo 264-, que entrará en vigor el próximo 22 de diciembre:
◦El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese inaccesibles datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
◦El que por cualquier medio, sin estar autorizado y de manera grave obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado, con la pena de prisión de seis meses a tres años.
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